Maternidad y uso de drogas ¿Condiciones excluyentes?

Maternidad y uso de drogas ¿Condiciones excluyentes?

 Las autoridades en temas de adicciones, comúnmente presentan a las personas que usan drogas como delincuentes, antisociales o en el caso menos trágico como personas que carecen de carácter y se dejan manipular fácilmente.  Esto conlleva a comportamientos de etiquetas, estigmatización e incluso aislamiento social, que a su vez limita las oportunidades de estas personas en diferentes ámbitos de su vida, de acuerdo a eso ¿Qué sucede cuándo quien usa drogas es una mujer embarazada y/o con hijos?  La literatura existente demuestra que son mujeres que enfrentan con mayor crudeza la estigmatización, marginación y discriminación, lo cuál lleva a que sus derechos fundamentales se vean violados, como, por ejemplo, el derecho a la maternidad.

Adicionalmente, la maternidad tiene una idealización de carácter material y social, que favorecen o no la protección de un niño, por lo general, estas condiciones no están presentes en mujeres con bajos recursos económicos y más si éstas usan drogas, razón por la cuál en estos casos la exclusión y estigma aumenta y se considera que estas mujeres no son capaces de cuidar adecuadamente a sus hijos.

En consecuencia, los jueces de familia o demás instituciones, coinciden en que una mujer adicta no es “buena madre” y que la mejor manera de proteger a sus hijos es separándolos de ella. La legislación colombiana no es muy clara sobre las circunstancias en las cuales una madre debe ser separada de su hijo, por lo cuál estas decisiones se toman de acuerdo a la interpretación de los jueces, estos apelan convención de derechos de niños y niñas y si estos se ven vulnerados. Pero tampoco existen claramente mecanismos que apoyen a las madres en condición de dependencia a las drogas, de modo que puedan ejercer de manera segura su maternidad al tiempo que tratan su problema de salud.

En Colombia una mujer embarazada o con hijos, que es adicta a las drogas y quiere iniciar un proceso para dejar serlo, cuenta con muy pocos apoyos familiares y estatales para ocuparse de ella misma y de sus hijos, lo que dificulta que pueda iniciar su tratamiento y culminarlo con éxito.

Por otro lado, aunque existe un protocolo de atención a mujeres embarazadas que buscan tratamiento sustitutivo con metadona para aliviar su dependencia a la heroína, en la práctica, en las clínicas de metadona se prefiere no ofrecer el medicamento a las mujeres en esta situación, pues temen los efectos sobre el feto. Una vez más, negarle a estas mujeres el acceso al medicamento para controlar su dependencia constituye una grave violación de su derecho a la salud.

Ante la falta de acceso a tratamiento, es muy frecuente que las mujeres pobres con dependencia a las drogas y que están embarazadas enfrenten con sus propios recursos —bastante limitados— el problema de su dependencia y, en esas circunstancias, hacen lo mejor que pueden. Las estrategias que emprenden son casi siempre fallidas, pues la falta de recursos económicos, la falta de redes sociales y familiares, los contextos complejos en los que viven y el desamparo institucional, aunados a la condición física de la dependencia, son condiciones que dificultan que estas mujeres se abstengan de usar drogas —así lo deseen genuinamente—, o bien, adopten prácticas de uso menos riesgosas para ellas y sus bebés.

El temor a perder sus hijos, lleva a que estas mujeres eviten al máximo el contacto con los médicos, pues han constatado una y otra vez que en su situación, lo más común es que las separen de ellos. Sin embargo, no acudir a controles prenatales es un indicador más de negligencia en los cuidados al menor, lo que aumenta su probabilidad de ser separada de su hijo al momento que el equipo médico advierta su situación de uso de drogas. En todos los escenarios, estas mujeres tienen todo que perder.

En la decisión de separar a la madre del hijo(a), no se tienen en cuenta las condiciones y dinámicas de uso de drogas de la madre, si tiene dependencia o no y a cuáles drogas es dependiente. Menos aún se considera cómo apoyar a la mujer para lidiar con su dependencia de la mejor manera, cómo darle seguimiento para que mantenga la relación con su bebé, ni cómo apoyarla emocionalmente en el difícil tránsito de la separación cuando no hay más opción.

La situación es compleja. Evidentemente el bienestar del menor es un asunto fundamental. Pero no necesariamente este bienestar pasa por separarlo de su madre y/o enviarlo a un albergue temporal o a una casa de protección del BIENESTAR FAMILIAR, considerando que el sistema mismo está, lo que dificulta garantizar sus condiciones mínimas de salud y bienestar. La misma Unicef reconoce que la institucionalización de menores no es la mejor opción y que es necesario promover otras alternativas.

Demonizar el uso de drogas en mujeres embarazadas y/o con hijos y enviar a los menores a procesos indefinidos de institucionalización, ciertamente no contribuye a diseñar mejores escenarios que favorezcan el bienestar físico y socioemocional de los niños y niñas que nacen en estos contextos de marginalidad extrema. Dado el bajo volumen de población de mujeres dependientes a las drogas en Colombia,  resultaría mucho más costo-efectivo disponer de centros de tratamiento dirigidos a las mujeres-madres, donde se brinde atención integral al binomio madre-hijo(a), capacitar al personal de salud materno-infantil sobre las opciones de tratamiento a las que tienen derecho las mujeres embarazadas que viven dependencia a las drogas, ofrecer tratamiento supervisado con metadona a todas las mujeres embarazadas con dependencia a la heroína y establecer mecanismos de cooperación entre las instituciones de salud y las organizaciones civiles que realizamos trabajo de campo en los lugares de encuentro de población que usan drogas. Las alternativas están ahí, el reto es trascender el estigma.

Artículo tomado de economia.nexos.com.mx